La reforma migratoria no ha avanzado durante la administración del
presidente Barack Obama. En diciembre de 2010, el DREAM Act para los
estudiantes indocumentados se frenó en el Senado por no poder alcanzar 60 por
ciento de los votos en esa cámara. Una propuesta de reforma íntegra se aprobó
en el Senado en junio de 2013, pero nunca recibió una votación en la Cámara de
Representantes.
En los últimos meses del mandato de Obama, no hay posibilidades de una
reforma migratoria. Lo que sí hemos visto han sido acciones ejecutivas para
suavizar el sistema para muchos y asegurar algo de estabilidad para algunos
indocumentados que cumplieron con los criterios de la acción diferida para los
llegados en la infancia (“DACA” por sus siglas en inglés).
Desde noviembre de 2014, el gobierno ha estado priorizando los casos
para la deportación. Hay un enfoque en los indocumentados que han sido
condenados por delitos graves, varios delitos menores o delitos menores
significativos. Un delito menor significativo es conducir bajo la influencia de
alcohol o drogas. En miles de casos, un antecedente de ese tipo ha servido como
justificante de la detención de un indocumentado con muchos años aquí y una
historia casi intachable. Parece injusto esa política de mano dura en miles de
casos.
Si un indocumentado no cae entre la prioridades para la deportación,
el riesgo actual de tener que enfrentar cargos es muy bajo a no ser que la
persona sea una persona recién entrada o una persona que ha tenido problemas
con inmigración desde el primero de enero de 2014, sobre todo una orden de
deportación. Recalco que han habido muchas injusticias y una aplicación
francamente arbitraria durante varios años. Sin embargo, el riesgo de
deportación es muy baja en estos momentos para los indocumentados que llevan
tiempo aquí y no tienen antecedentes.
Una dinámica de la política migratoria ha sido las deportaciones. Es
una polémica por la manera de contar y la manera de detener. No obstante, ha
habido más de dos millones de deportaciones durante los siete años y algunos
meses del mandato de Obama. Hay varias razones incluyendo la presión de los
republicanos a favor de mano dura, la idea de que la mano dura de Obama abriría
la posibilidad de una reforma migratoria, y una lucha entre los estados por
salir como estado amigable o enemigo de la inmigración indocumentada.
Es difícil aclarar la situación. Arizona por SB1070 salió claramente
como el estado más feroz con la mano dura en contra de la inmigración. Utah
salió algo esquizofrénico es ese aspecto: fue el primer estado en copiar la lay
de Arizona, pero a la vez, intentaron vender la idea de permisos de trabajo
para los indocumentados a nivel estatal. Le salió mal a Utah porque en ningún
momento podía conseguir fundamento legal para su programa. Las leyes de Utah
salieron inconstitucionales tanto por la mano dura como por el trato más
amigable. California ha salido como el estado amigable con los inmigrantes,
algo irónico dado la política de mano dura que salió de ese estado en 1994.
A fin de cuentas, la política migratoria sigue como juego para ganar
votos o popularidad a nivel local, estatal y nacional. El precandidato
republicano Donald Trump captó mucha atención el año pasado con su campaña en
contra de los indocumentados, incluso contra los mexicanos. Sigue repitiendo su
intención de construir un muro en la frontera sur de los Estados Unidos. Contra
los pronósticos de muchos analistas y la certeza de muchos líderes
republicanos, Trump está a punto de ganar el nombramiento del partido
republicano.
El partido demócrata está a punto de dar el nombramiento a Hillary
Clinton. Clinton ha prometido priorizar la reforma migratoria en los primeros
meses de su mandato. Además, Clinton ha explicado que extendería y ampliaría
las acciones ejecutivas de Obama. La elección que se llevará a cabo el 8 de
noviembre de 2016 presenta un contraste claro con respecto a la política
migratoria. Clinton v. Trump: la política de legalización o regularización
contra la política de deportaciones y un muro.
Las acciones ejecutivas están delante de la Corte Suprema. En abril,
los ocho jueces escucharon argumentos sobre la Constitucionalidad de dos
programas de la administración de Obama: la ampliación de DACA y la
implementación de la acción diferida para los padres indocumentados de hijos
que son ciudadanos o residentes permanentes del país y que nacieron en o antes
del 20 de noviembre de 2014. Los padres tendrían que pasar por un chequeo de
antecedentes y demostrar una estancia desde el 1 de enero de 2010. El programa
se conoce como “DAPA” por sus siglas en inglés.
Se espera una decisión de la Corte Suprema a finales de junio. Ese
fallo podría desbloquear o dejar intacto un bloqueo legal a DACA amplio y DAPA.
Cabe señalar que DACA amplio y DAPA no serían reformas permanentes, sino
programas temporales en base a las acciones ejecutivas.
En resumen, la política migratoria pasa por varios caminos a corto, a
medio y a largo plazo. A corto plazo, la Corte Suprema anunciará su decisión a
finales de junio de 2016. A medio plazo, el 8 de noviembre de 2016, los
votantes decidirán (a través de sus estados y el Colegio Electoral) el ganador
de las elecciones. Por la Constitución, el/la nuevo presidente asumirá sus
funciones a mediodía el 20 de enero de 2017. A largo plazo, vendrá el intento
de suavizar o endurecer la política migratoria. No es camino fácil.
