Hay
tres preguntas fundamentales para una reforma migratoria:
1.
¿Cómo debería funcionar el sistema para los que quieren venir aquí?
2. ¿En
la frontera y en el interior, cómo debería el sistema asegurar el cumplimiento
con y el respeto hacia la ley?
3. ¿Cómo
debería el sistema tratar a una población indocumentada de más de once millones
de personas?
En el
pasado, los políticos han empezado con las preguntas número 1 y 2. Esta vez,
deberían empezar con el número 3.
La
reforma migratoria será un asunto prioritario en 2013. Ya ha empezado la
conversación sobre el tema, y muchas organizaciones hispanas, asiáticas y humanitarias están trabajando en una campaña a lo grande. Ganará incluso más fuerza el 21 de enero,
el día festivo para celebrar a Martin Luther King, Jr. y justo el día después
de la inauguración del Barack Obama como Presidente por segunda vez.
Llevar
a cabo una reforma migratoria humanitaria es un desafío clave para el país. Si algunos
miembros de una sociedad están aislados, arrinconados o condenados a vivir en la
incertidumbre, se arriesgan las libertades de todos los miembros. Es una
contradicción en una sociedad libre y abierta.
Los
indocumentados en general son miembros permanentes de la
sociedad. Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Doméstica, 86
por ciento de los indocumentados llegaron antes del año 2005, 57 por ciento
antes de 2000 y 30 por ciento antes de 1995. Tanta estancia indica permanencia.
Aunque algunos inmigrantes
quieren regresar a sus países, muchos se preocupan por evitar problemas y riesgos a su estancia aquí. En general, se entiende que el
gobierno está reduciendo las deportaciones, excepto en casos de delincuencia o antecedentes migratorios.
Un
inmigrante de México me dijo hace poco: "Nadie te va a deportar si no te metes
en problemas. No hay suficientes obreros. Las empresas tienen que contratar a
los extranjeros. Quizás nuestros empleadores no quieren la reforma porque
tendrían que pagarnos más dinero."
En
Utah, se sabe perfectamente que las industrias de las lecherías, la
agricultura, los hoteles y otros sectores importantes de la economía sufrirían
si los trabajadores indocumentados tuvieron que salir. Por tanto, muchos han buscado alargar la situación actual. Pero no han
buscado una solución permanente.
El
obstáculo para la solución tiene que ver con la respuesta a la
pregunta número 3: ¿qué deberíamos hacer con los indocumentados? Algunos
quieren la mano de obra sin dar un estatus migratorio a cambio. Otros se oponen
a cualquier arreglo que se parece a “una amnistía.”
Hay que debatir sin rodeos. Reducir a los seres humanos a meros actores económicos va en
contra de la dignidad humana. Va en contra del sentido común esquivar una
conversación seria sobre la sociedad: una política madura debería enfocarse en
la sustancia, no en las etiquetas.
Ignorar la situación de los indocumentados tampoco sirve: no se van a desaparecer.
Es hora de poner fin a la destrucción de individuos y familias a causa de un sistema roto.
Los
detalles de la reforma migratoria no son difíciles. Hay que actualizar el
número de visados conforme con las necesidades económicas y sociales del siglo
veintiuno. Hay que simplificar el sistema y sus procesos. Hay que implementar un sistema eficaz de verificación en
el empleo. Hay que colaborar de manera binacional e regional. Hay que
mejorar la integración de los nuevos inmigrantes.
Hace cuatro años, hacía falta audacia para llevar a cabo la reforma migratoria. Hoy día es una cuestión de determinación y constancia.
Por
razones económicas, sociales y morales, la reforma migratoria es necesaria e inevitable. Se debería implementar de manera integral, pero si algunos insisten en hacerlo por partes, debería enterarse de esto: el paso
fundamental es la legalización con posibilidad de ciudadanía, sin trabas y sin rodeos.
