Una semana antes de Halloween, los agentes
de inmigración llevaron a cabo un operativo para detener a miles de inmigrantes
con antecedente penales y migratorios. Lo hicieron de acuerdo con las
prioridades para la deportación, pero a la vez, lo hicieron de manera inconforme
con la justicia en el sentido humanitario de la palabra. El operativo ha afectado cientos de familias de Utah.
Las
prioridades para la deportación supuestamente se enfocan en los inmigrantes que presentan amenazas serias en la sociedad, los
que tienen felonías o algo parecido en sus historiales; los que tienen tres o
más delitos menores o un delito menor significativo; y los que han tenido
problemas con inmigración desde el primero de enero de 2014, con frecuencia los
que han entrado a Estados Unidos hace poco tiempo.
El
problema es que los antecedentes no son iguales. Varios de las decenas de
detenidos en Utah cayeron por haber cometido hace tiempo un DUI, conducir bajo
la influencia de alcohol o drogas. El delito DUI es serio, y no quieren ignorar
el daño que causa o puede causar en la sociedad. Sin embargo, un DUI cometido
hace diez años o más es muy diferente a un DUI cometido hace poco. Un DUI
podría significar una estupidez pasajera o un problema crónico. Podría ocurrir
con una persona justo por encima del límite de alcohol en la sangre o con una
persona sumamente borracha.
Entiendo
las prioridades para la deportación, pero no entiendo la política de mano dura.
En general, los agentes de inmigración detuvieron a las personas sin darles la
posibilidad de una fianza. En algunos casos, se puede entender eso, pero en
otros cuando estaban sacando el padre o la madre de una familia, no se entiende
tanto. Hace falta más equilibrio en el proceso, más discreción que permite el
trato humanitario.
Los
detenidos tendrán la oportunidad de pedir una fianza de un juez de inmigración;
no obstante, eso tarda y cuesta no solo dinero sino también la solidaridad de
las familias, de la sociedad. No es justo.
En muy
pocos casos es necesario ir a las casas para separar a las familias. Los
inmigrantes con antecedentes antiguos o menos serios deberían tener la
oportunidad de gozar de la libertad durante sus procesos y de presentar sus
argumentos en contra de la deportación.
El
problema con la inmigración tiene que ver con leyes excesivamente rígidas y
sistemas que no permiten la discreción de los jueces y a veces de los agentes.
Es importante ser flexible cuando la situación lo exige. Es malgastar dinero
siempre actuar de mano dura.
Un
consejo que funcionó para algunos: con algunas excepciones, no hay que abrir la
puerta ni a la policía ni a los agentes de inmigración a no ser que tengan una
orden de cateo firmado por un juez y con la dirección correcta de la casa/domicilio. Con algunas excepciones, una orden de arresto no sirve para poder
entrar a una casa.
Un
truco que los agentes usan a veces es la mentira. Dicen que están buscando un
“José Alvarez” para poder ganar la entrada a la casa. Después de entrar, dicen
el nombre verdadero de la persona que buscan. Es una táctica triste, pero
tristemente funciona en demasiados casos.