El 16
de febrero, el juez Andrew Hanen de la corte federal del distrito sur de Texas
impuso una medida cautelar que impidió la implementación del programa más
amplio de la acción diferida para los llegados en la infancia (“DACA” por sus
siglas en inglés). El DACA más amplio iba a entrar en vigor el 18 de febrero,
pero ahora, sigue pendiente. Lo mismo para el programa de la acción diferida
para los indocumentados que tienen hijos que son ciudadanos o residentes
permanentes (“DAPA” por sus siglas en inglés). DAPA estaba y está programado
para entrar en vigor a mediados de mayo, una fecha que aún se podría cumplir si
se revoca o se retira la decisión del juez.
Antes
de contestar algunas preguntas frecuentes y generales, es importante señalar
que la decisión del juez no ha tenido ningún efecto sobre el programa de DACA
de 2012. Las personas que califican bajo esos criterios de 2012 pueden
participar en el programa, tanto sacando DACA por la primera vez como renovando
su inclusión en el programa. El costo del gobierno sigue siendo lo mismo: $465
que incluye $380 por el permiso de trabajo y $85 por la información biométrica.
La
acción migratoria avanza también con el cambio de prioridades en el sistema y
otros programas. Escrito eso, el DACA más amplio y DAPA están en espera. Esto
afectará hasta cinco millones de individuos y familias que tendrán que esperar
el proceso legal de apelaciones.
¿Qué
opinas sobre la posibilidad de una apelación favorable?
He
explicado varias veces el fundamento jurídico para la acción migratoria. Por
las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia de la Corte Suprema y los
ejemplos históricos de otros presidentes, creo que la acción migratoria es
legal. Con tiempo, las cortes van a corregir el error del juez de Texas.
Pondría la posibilidad de un resultado favorable a 99 por ciento. Dicho eso, es
más difícil acertar la demora. Creo que DAPA va a entrar como programado a
mediados de mayo, pero hay que ver los juegos legales y políticos que muchos
republicanos están usando en contra para bloquear.
No es
casualidad de los contrincantes eligieron la jurisdicción del sur de Texas. Es
uno de 89 distritos federales en los 50 estados. El juez Andrew Hanen se conoce
como un juez hostil a los intereses de muchos inmigrantes. En otro distrito, la
acción migratoria no habría encontrado resistencia jurídica; sin embargo, por
momento la acción pasa por la corte del juez Hanen.
El 23
de febrero el Departamento de Justicia pidió una medida del mismo juez Hanen
para frenar la aplicación de su decisión del 16 de febrero. Hanen ha dado a la
parte contraria hasta el 2 de marzo para responder. No se espera un cambio por
parte de Hanen, pero los reglamentos indican que el proceso empieza allí.
Después
de la decisión de Hanen, el Departamento de Justicia seguramente apelará al
circuito 5 en New Orleans, Louisiana. El circuito 5 es la corte de apelaciones
para esa región del país. El circuito 5 podría revocar la decisión del juez
Hanen y dejar avanzar los programas de acción diferida. Si eso no ocurre, el
Departamento de Justicia apelará a la Corte Suprema.
La base
jurídica para la acción migratoria se fundamenta en la discreción del fiscal,
la autoridad del ejecutivo de emplear bien los recursos limitados del gobierno
para mejorar el funcionamiento de las leyes y sus prácticas. No es una autoridad
sin límites, pero como han opinado más de 130 profesores de derecho migratorio
y los asesores del Departamento de Justicia, la acción migratoria cumple con
los requisitos legales.
Este
proceso podría durar varias semanas, incluso meses; no obstante, debería
resultar en una decisión bien fundamentada y determinativa para la acción
migratoria. Es triste pensar que Utah es uno de los estados que ha intentado
impedir el avance, pero tengo la confianza de que los rodeos se irán
disminuyendo con tiempo. La acción migratoria entrará entonces sin rodeos.
