El 25
de abril, la Corte Suprema tuvo la audiencia en el caso “Arizona v. United
States.” Se trataba de SB1070, la famosa ley migratoria de Arizona. Los jueces
extendieron la audiencia 20 minutos más de los 60 minutos programados para
escuchar los argumentos de los abogados. Se espera la decisión en junio.
Es
importante señalar que la pregunta fundamental en el caso no tenía que ver con
la discriminación. Otras organizaciones se han entablado demandas sobre eso,
pero todo en su momento. El asunto en el caso presente es si algunas
provisiones la ley SB1070 de Arizona entran en conflicto con las leyes
federales.
Especificamente,
las provisiones son cuatro:
1.
[2(B) de la ley] ¿Puede Arizona mandar a la policía después de un arresto o una
parada chequear el estatus migratorio si existe la sospecha razonable que la
persona está en el país sin documentos?
2. [3
de la ley] ¿Puede Arizona criminalizar el hecho de estar en Arizona sin
documentos que demuestran un estatus migratorio autorizado?
3.
[5(C) de la ley] ¿Puede Arizona criminalizar el hecho de que buscar o tener un
trabajo sin un estatus migratorio autorizado?
4. [6
de la ley] ¿Puede Arizona autorizar a la policía efectuar un arresto sin una
orden de arresto a una persona que se sospecha haber cometido un delito que le
hace deportable, incluso si el delito se cometió en otro estado?
Los
casos legales son muy diferentes de la política, y Paul Clement, el abogado
representando a Arizona, en ningún momento presentó a Arizona como ejemplo o
modelo para el país. Enfatizaba que Arizona quería cooperar con el gobierno
federal dentro de su sistema.
Es
imposible saber a ciencia cierta lo que opinan los jueces, pero tocando la
primera provisión, los jueces daban señales. El Juez John Roberts dijo que Arizona “solo notifica al
gobierno federal” respetando al autoridad federal de “decidir que sí o que no
abrir un proceso migratorio.” La Jueza Sonia Sotomayor dijo que el argumento en
contra de la provisión “no estaba persuadiendo mucho” y sugirió que Donald
Verrilli, el abogado representando al gobierno federal, “presentaba un
argumento diferente.”
Parece
que la Corte Suprema va a aceptar la primera provisión como algo conforme con
la Constitución y las leyes federales.
Por
otro lado, parece que la Corte Suprema puede rechazar las otras provisiones
como algo conforme con la Constitución.
Con
respecto a la provisión 2, los Jueces Samuel Alito, Anthony Kennedy y Ruth
Ginsburg expresaron dudas sobre si entraba en conflicto con un sistema federal
único de registración de extranjeros y algunas circunstancias consecuentes.
Con
respecto a la provisión 3, el Juez Roberts expresó que SB1070 “parecía ir más
allá del gobierno federal” en el sentido de castigar a los trabajadores
indocumentados y en “imponer sanciones bastante más severas.” Los Jueces
Kennedy, Sotomayor y Ginsburg también indicaron algunas dudas.
Con
respecto a la provisión 4, parece que existía la duda acerca de detenciones
alargadas y la necesidad de coordinar entre varias jurisdicciones, lo cual suele
resultar complicado en varios sentidos, en términos de los recursos y el
tiempo.
La
decisión de la Corte Suprema debería aclarar los límites de los estados en el
campo de hacer cumplir las leyes de inmigración; sin embargo, queda bastante
camino para la resolución de los desafíos políticos y legales sobre el asunto.
