martes, 22 de mayo de 2012

SB1070 llega a la Corte Suprema: un paso para aclarar la ley


El 25 de abril, la Corte Suprema tuvo la audiencia en el caso “Arizona v. United States.” Se trataba de SB1070, la famosa ley migratoria de Arizona. Los jueces extendieron la audiencia 20 minutos más de los 60 minutos programados para escuchar los argumentos de los abogados. Se espera la decisión en junio.

Es importante señalar que la pregunta fundamental en el caso no tenía que ver con la discriminación. Otras organizaciones se han entablado demandas sobre eso, pero todo en su momento. El asunto en el caso presente es si algunas provisiones la ley SB1070 de Arizona entran en conflicto con las leyes federales.

Especificamente, las provisiones son cuatro:

1. [2(B) de la ley] ¿Puede Arizona mandar a la policía después de un arresto o una parada chequear el estatus migratorio si existe la sospecha razonable que la persona está en el país sin documentos?

2. [3 de la ley] ¿Puede Arizona criminalizar el hecho de estar en Arizona sin documentos que demuestran un estatus migratorio autorizado?

3. [5(C) de la ley] ¿Puede Arizona criminalizar el hecho de que buscar o tener un trabajo sin un estatus migratorio autorizado?

4. [6 de la ley] ¿Puede Arizona autorizar a la policía efectuar un arresto sin una orden de arresto a una persona que se sospecha haber cometido un delito que le hace deportable, incluso si el delito se cometió en otro estado?

Los casos legales son muy diferentes de la política, y Paul Clement, el abogado representando a Arizona, en ningún momento presentó a Arizona como ejemplo o modelo para el país. Enfatizaba que Arizona quería cooperar con el gobierno federal dentro de su sistema.

Es imposible saber a ciencia cierta lo que opinan los jueces, pero tocando la primera provisión, los jueces daban señales.  El Juez John Roberts dijo que Arizona “solo notifica al gobierno federal” respetando al autoridad federal de “decidir que sí o que no abrir un proceso migratorio.” La Jueza Sonia Sotomayor dijo que el argumento en contra de la provisión “no estaba persuadiendo mucho” y sugirió que Donald Verrilli, el abogado representando al gobierno federal, “presentaba un argumento diferente.”

Parece que la Corte Suprema va a aceptar la primera provisión como algo conforme con la Constitución y las leyes federales.

Por otro lado, parece que la Corte Suprema puede rechazar las otras provisiones como algo conforme con la Constitución.

Con respecto a la provisión 2, los Jueces Samuel Alito, Anthony Kennedy y Ruth Ginsburg expresaron dudas sobre si entraba en conflicto con un sistema federal único de registración de extranjeros y algunas circunstancias consecuentes.

Con respecto a la provisión 3, el Juez Roberts expresó que SB1070 “parecía ir más allá del gobierno federal” en el sentido de castigar a los trabajadores indocumentados y en “imponer sanciones bastante más severas.” Los Jueces Kennedy, Sotomayor y Ginsburg también indicaron algunas dudas.

Con respecto a la provisión 4, parece que existía la duda acerca de detenciones alargadas y la necesidad de coordinar entre varias jurisdicciones, lo cual suele resultar complicado en varios sentidos, en términos de los recursos y el tiempo.

La decisión de la Corte Suprema debería aclarar los límites de los estados en el campo de hacer cumplir las leyes de inmigración; sin embargo, queda bastante camino para la resolución de los desafíos políticos y legales sobre el asunto.

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