Pido la participación en una campaña para que Utah retire su parte de
la demanda en contra de la acción migratoria que incluye los programas de acción
diferida para los llegados en la infancia y los padres de ciudadanos y
residentes permanentes. Cada persona puede aportar mandando una carta
personalizada.
El 20 de noviembre de 2014, el presidente Barack Obama anunció la acción
migratoria. Unas semanas después, algunos estados se juntaron en una demanda
para frenar la acción migratoria. Los políticos con autoridad en Utah han
tomado una postura en contra de la acción migratoria. Me refiero al gobernador
Gary Herbert y el fiscal general Sean Reyes. El estado de Utah se ha puesto de
lado de los que pararían la acción migratoria e incluso retirarían la acción
diferida para los llegados en la infancia (“DACA” por sus siglas en inglés).
La respuesta de los que apoyan la acción migratoria debería ser
contundente: la actitud de Utah es problemática dado la postura de 2011 de
proponer permisos de trabajo a nivel estatal, una ley parecida a la ley de
Arizona (“enséñame los papeles”), y muchos discursos enfatizando apreciación
por los inmigrantes. La postura actual de Utah es contradictoria y actúa en
contra de los valores de la familia, la propia economía y la ética cristiana de
la que muchos se jactan.
Esta carta en inglés pide el retiro de Utah como participante en la
demanda en contra del presidente Barack Obama. Se puede adaptar a los deseos y
la experiencia de cada escritor.
Dear Governor Gary Herbert
and Attorney General Sean Reyes:
On November 20, 2014,
President Barack Obama announced measures to ease the strains of a broken
immigration system on millions of families. These measures would allow many
undocumented youth and parents of United States citizens and legal permanent
residents a degree of relief from constant worry over being separated from
their friends, families and coworkers.
While Congress must
address permanent immigration reform, Utah should not impede executive action
that focuses limited federal resources on serious crimes and threats to the
United States. People who have lived here peacefully for many years should not
be targets for immigration proceedings that serve little purpose beyond
wrecking families, disrupting businesses and causing untold suffering in
individuals and communities.
Utah has earned a
reputation for being a welcoming state. The current lawsuit to stop positive
steps toward resolving our immigration issues only serves to tarnish that
reputation.
Please consider our values
and drop this lawsuit.
Thank you for your
consideration and your service to this state.
Respectfully,
Las direcciones para el gobernador y el fiscal general son:
Governor Gary Herbert
350 North State Street, Suite 200
PO Box 142220
Salt Lake City, Utah 84114-2200
Attorney General Sean Reyes
350 North State Street, Suite 230
PO Bo 142320
Salt Lake City, Utah 84114-2320
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