Este
artículo se adaptó de un artículo que se publicó en “City Weekly” el 27 de
noviembre: “Welcome Home” (Bienvenidos a casa). Gracias "City Weekly" por los permisos.
En
Utah, los indocumentados trabajan en la agricultura, la construcción, la
jardinería, la hospitalidad y otros sectores claves de la economía. La
industria de esquí, las lecherías, los restaurantes, los hoteles y otros
negocios dependen de estos trabajadores por labores difíciles, con frecuencia
peligrosos, que los estadounidenses suelen evitar.
Los
esquemas de contratistas independientes, agencias de trabajo temporal y
jornaleros sirven como tácticas para esquivar las leyes que prohíben la
contratación de indocumentados. En la práctica, se ve una amnistía, pero esta
beneficia mucho más a los intereses económicos que a los indocumentados quienes
sufren a menudo la explotación de sueldos bajos o incluso impagos.
En 2011
para contrarrestar la imagen anti-inmigrante de Utah y la iglesia mormona, se
fabricó la idea de una solución de Utah que incluía permisos de trabajo
estatal. La inmigración es un asunto federal, no estatal, y los permisos
carecían de fundamento legal y sólo daban falsas esperanzas.
No
obstante la constitucionalidad y la honestidad, el periódico “Deseret News,”
propiedad de la iglesia mormona, fue uno de los impulsores principales de la
falsa narrativa de leyes migratorias estatales. El gobernador, el fiscal
general y los legisladores republicanos y demócratas tampoco prestaron atención
a los problemas: la política deshonesta rige en Utah.
El
estado gastó millones de dólares en intentar maquillar el asunto. El resultado
fue una ley “Arizona Light” y otras leyes inconstitucionales. Para evitar una
derrota legal, han aplazado la implementación de algunas leyes tres veces,
hasta verano de 2017. Han perdido en parte un juicio sobre “Arizona Light.”
El
fracaso de las leyes de Utah se ve no sólo en la constitucionalidad sino
también en la política. Casi todos los congresistas de Utah, incluso el
demócrata, resistieron la reforma migratoria. La única excepción fue el senador
Orrin Hatch que votó a favor de la reforma el 27 de junio de 2013.
La
narrativa deshonesta de Utah es importante porque indica una hipocresía (tal
vez la discriminación) clara: muchos que apoyaron medidas ilegales de Utah
ahora se quejan de la acción ejecutiva, claramente legal, del presidente Obama.
No opino que Obama sea un héroe en el asunto migratorio, pero con diferencia ha
hecho más que los políticos de Utah que únicamente maquillan el asunto.
Durante
los últimos diez años, ha habido tres posibilidades serias de una reforma
migratoria. Los desafíos legales para la reforma migratoria son básicos:
reparar y simplificar el sistema para los que quieren venir aquí, modernizar
los mecanismos externos e internos para mejorar el cumplimiento con y el
respeto hacia las leyes, y lidiar con la población de los indocumentados.
El
presidente Ronald Reagan, republicano, firmó una amnistía grande en 1986, pero,
desde hace tiempo, la mayoría de republicanos elegidos han estado impidiendo
una reforma migratoria. Algunos se declaran a favor de cambios al sistema, pero
ni entablan propuestas ni permiten votaciones.
El 20
de noviembre, expresando frustración por la inacción republicana, el presidente
Obama anunció una acción ejecutiva que incluye un proceso para dar un estatus
temporal a los padres de ciudadanos y residentes permanentes si pasan un
chequeo de antecedentes penales y migratorios y si pueden cumplir con otros
criterios como haber vivido aquí durante cinco años como mínimo.
Esta
acción ejecutiva no es la primera durante esta presidencia. En 2011, la
administración de Obama publicó principios para la discreción de fiscal que
enfocó los recursos en los casos de alta prioridad. En 2012, la administración
anunció la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus
siglas en inglés). DACA se implementó el 15 de agosto de ese año y ha permitido
a más de 600 mil jóvenes calificados, más de siete mil en Utah, obtener
permisos de trabajo. Algunos republicanos y otros pusieron oposición a DACA y
entablaron demandas, pero DACA se quedó bien fundamentado en las leyes.
En
marzo de 2013, la implementación del perdón provisional ayudó a miles de
familias evitar separaciones que antes duraban meses o años mientras los
inmigrantes esperaron decisiones en sus casos o las apelaciones. En noviembre
de 2013, permiso en su lugar—parecido a un permiso humanitario—para los
parientes cercanos de personas sirviendo en las fuerzas armadas de Estados
Unidos eliminó la separación innecesaria de familias durante el proceso de
obtener la residencia permanente.
Hace
poco en “Sin Rodeos”, una persona me dijo que a él no le gustaba mucho la
política de Obama pero que tenía que agradecerle por el programa que había
permitido a él, como miembro de la Guardia Nacional de Utah, ayudar a sus
padres acceder rápidamente a la residencia permanente. Sin el programa, sus
padres habrían tenido que salir durante diez años para poder gozar del estatus.
La
acción ejecutiva centra en la unificación de las familias, pero no incluye a
todos. El tres de septiembre de 2014, más de ciento treinta catedráticos de
derecho migratorio escribieron al presidente Obama para explicar el fundamentojurídico para la acción ejecutiva. Concluyeron que la autoridad ejecutiva es
amplia. A mediados de noviembre, el Departamento de Justicia avisó al presidente Obama que la acción contemplada sería legal para los padres de
ciudadanos o residentes permanentes, pero no para los padres de los
beneficiarios de DACA.
La
reforma migratoria y la acción ejecutiva nunca serán justas para todas las
personas, hay que prestar atención a los seres humanos y sus historias. Las
madres que han criado y mantenido durante quince años o más niños nacidos en el
extranjero no calificarán; sin embargo estarán contentas por sus niños que
puedan entrar en DACA. ¿Por qué deberíamos excluir a estas madres?
Los
indocumentados han estado presentes en Estados Unidos trece años como promedio.
Con frecuencia, estos indocumentados trabajan duro en puestos difíciles y
precarios. Sin no tienen niños, la mayoría de estos indocumentados quedarán en
el limbo migratorio. ¿Por qué deberíamos excluirles?
Hace
varias horas, una persona me habló sobre el caso de una mujer que no puede
tener niños. Las leyes y las acciones ejecutivas están sujetas a varias
restricciones e interpretaciones; no obstante, las injusticias y las
incoherencias casi gritan a favor de los cambios.
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