jueves, 26 de febrero de 2015

Acción migratoria: La corte no la cortará

El 16 de febrero, el juez Andrew Hanen de la corte federal del distrito sur de Texas impuso una medida cautelar que impidió la implementación del programa más amplio de la acción diferida para los llegados en la infancia (“DACA” por sus siglas en inglés). El DACA más amplio iba a entrar en vigor el 18 de febrero, pero ahora, sigue pendiente. Lo mismo para el programa de la acción diferida para los indocumentados que tienen hijos que son ciudadanos o residentes permanentes (“DAPA” por sus siglas en inglés). DAPA estaba y está programado para entrar en vigor a mediados de mayo, una fecha que aún se podría cumplir si se revoca o se retira la decisión del juez.

Antes de contestar algunas preguntas frecuentes y generales, es importante señalar que la decisión del juez no ha tenido ningún efecto sobre el programa de DACA de 2012. Las personas que califican bajo esos criterios de 2012 pueden participar en el programa, tanto sacando DACA por la primera vez como renovando su inclusión en el programa. El costo del gobierno sigue siendo lo mismo: $465 que incluye $380 por el permiso de trabajo y $85 por la información biométrica.

La acción migratoria avanza también con el cambio de prioridades en el sistema y otros programas. Escrito eso, el DACA más amplio y DAPA están en espera. Esto afectará hasta cinco millones de individuos y familias que tendrán que esperar el proceso legal de apelaciones.

¿Qué opinas sobre la posibilidad de una apelación favorable?

He explicado varias veces el fundamento jurídico para la acción migratoria. Por las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia de la Corte Suprema y los ejemplos históricos de otros presidentes, creo que la acción migratoria es legal. Con tiempo, las cortes van a corregir el error del juez de Texas. Pondría la posibilidad de un resultado favorable a 99 por ciento. Dicho eso, es más difícil acertar la demora. Creo que DAPA va a entrar como programado a mediados de mayo, pero hay que ver los juegos legales y políticos que muchos republicanos están usando en contra para bloquear.

No es casualidad de los contrincantes eligieron la jurisdicción del sur de Texas. Es uno de 89 distritos federales en los 50 estados. El juez Andrew Hanen se conoce como un juez hostil a los intereses de muchos inmigrantes. En otro distrito, la acción migratoria no habría encontrado resistencia jurídica; sin embargo, por momento la acción pasa por la corte del juez Hanen.

El 23 de febrero el Departamento de Justicia pidió una medida del mismo juez Hanen para frenar la aplicación de su decisión del 16 de febrero. Hanen ha dado a la parte contraria hasta el 2 de marzo para responder. No se espera un cambio por parte de Hanen, pero los reglamentos indican que el proceso empieza allí.

Después de la decisión de Hanen, el Departamento de Justicia seguramente apelará al circuito 5 en New Orleans, Louisiana. El circuito 5 es la corte de apelaciones para esa región del país. El circuito 5 podría revocar la decisión del juez Hanen y dejar avanzar los programas de acción diferida. Si eso no ocurre, el Departamento de Justicia apelará a la Corte Suprema.

La base jurídica para la acción migratoria se fundamenta en la discreción del fiscal, la autoridad del ejecutivo de emplear bien los recursos limitados del gobierno para mejorar el funcionamiento de las leyes y sus prácticas. No es una autoridad sin límites, pero como han opinado más de 130 profesores de derecho migratorio y los asesores del Departamento de Justicia, la acción migratoria cumple con los requisitos legales.


Este proceso podría durar varias semanas, incluso meses; no obstante, debería resultar en una decisión bien fundamentada y determinativa para la acción migratoria. Es triste pensar que Utah es uno de los estados que ha intentado impedir el avance, pero tengo la confianza de que los rodeos se irán disminuyendo con tiempo. La acción migratoria entrará entonces sin rodeos.

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