La acción migratoria: La justicia limitada

El presidente Obama anunció la acción ejecutiva sobre la inmigración el 20 de noviembre. Los programas tardarán tiempo en implementarse. Es importante evitar los engaños y los rumores que con frecuencia carecen de fundamento.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (“USCIS” por sus siglas en inglés) ha publicado un aviso: “Estas iniciativas no han sido implementados y al momento, USCIS no está aceptando ninguna petición o solicitud. Tenga cuidado con cualquier persona que le ofrezca ayuda para presentar una solicitud o una petición sobre cualquiera de estas acciones antes de que estén disponibles. Usted podría convertirse en víctima de una estafa de inmigración.”

En este momento, no se puede solicitar los beneficios de los nuevos programas incluidos en la acción ejecutiva. Sin embargo, sí, se puede empezar la preparación. La información es lo más importante. Recomiendo la página de USCIS que tiene explicaciones en inglés y en español.

1. ¿Qué cambios implementarán la acción ejecutiva?

USCIS ha identificado cinco puntos:

a. Ampliar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia (“DACA” por sus siglas en inglés). Una persona tiene que haber entrado con menos de 16 años, pero con los cambios, tendrá que demostrar presencia desde el 1 de enero de 2010 en vez de 15 de junio de 2007. También se quita el límite de edad que antes era menos de 31 años el 15 de junio de 2012 y se extiende el periodo de DACA y el permiso de trabajo de 2 a 3 años.

b. Abrir un programa de acción diferida para los padres de ciudadanos o residentes permanentes, siempre que los hijos hayan nacidos en o antes del día 20 de noviembre de 2014. Entre otros criterios, los padres tendrán que demostrar presencia en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2010 y pasar por chequeo de antecedentes penales y migratorios.

c. Extender el programa del perdón provisional a los esposos e hijos de residentes permanentes y a los hijos de ciudadanos.

d. “Modernizar, mejorar y clarificar los programas de inmigrantes y no inmigrantes para lograr crecimiento en nuestra economía y crear empleos” (Texto publicado en español en la página de USCIS).

e. Promover la ciudadanía y sus posibilidades a los residentes permanentes.

¿Por qué la acción ejecutiva no se extendió a los padres de DREAMers, beneficiarios de DACA?

Al principio de septiembre, más de cien profesores de derecho migratorio firmaron una carta al presidente Obama. La carta explicó el fundamento jurídico para la acción ejecutiva. Creo que ese fundamento jurídico incluiría la posibilidad de un programa que se extendió a los padres de DREAMers.

Desafortunadamente a mediados de noviembre, el presidente Obama recibió un consejo legal de sus abogados asesores que decía que un programa de acción diferida para padres de ciudadanos y residentes permanentes sería permitido legalmente, pero que un programa para padres de DREAMers no sería permito legalmente, es decir con fundamento jurídico.

Me parece injusto e incorrecto el consejo, pero entiendo que Obama quería ser cauteloso en seguir las recomendaciones de sus abogados, quizás sobre todo por los ataques feroces que han lanzado muchos republicanos sobre la acción migratoria.

¿Por qué no hay un programa para los que han estado aquí mucho tiempo?

Otra vez, me parece injusto que la estancia no han entrado como factor para la participación en los programas de acción diferida o algo parecido. En la columna “La acción migratoria: La bienvenida”, puse el ejemplo de personas que han trabajado o que han aportado mucho a este país. Una persona me puso un ejemplo incluso más difícil en el sentido moral o ético: “¿Qué pasará a una mujer que no ha podido tener hijos (o incluso una que ha perdido su hijo)?”

Ninguna acción o reforma iba a ser justa para todas las personas; no obstante, hay injusticias claras. Es siempre un desafío cuadrar las leyes y las acciones políticas con la justicia. Pero en este momento sin rodeos: los que han estado aquí mucho tiempo sin cumplir con los criterios de los programas existentes o nuevos no califican.

Esta acción ejecutiva ha sido solo un paso. Hay que impulsar más para dar justicia a la dignidad y las posibilidades de cada ser humano.

La acción migratoria: La bienvenida

Este artículo se adaptó de un artículo que se publicó en “City Weekly” el 27 de noviembre: “Welcome Home” (Bienvenidos a casa). Gracias "City Weekly" por los permisos.

En Utah, los indocumentados trabajan en la agricultura, la construcción, la jardinería, la hospitalidad y otros sectores claves de la economía. La industria de esquí, las lecherías, los restaurantes, los hoteles y otros negocios dependen de estos trabajadores por labores difíciles, con frecuencia peligrosos, que los estadounidenses suelen evitar.

Los esquemas de contratistas independientes, agencias de trabajo temporal y jornaleros sirven como tácticas para esquivar las leyes que prohíben la contratación de indocumentados. En la práctica, se ve una amnistía, pero esta beneficia mucho más a los intereses económicos que a los indocumentados quienes sufren a menudo la explotación de sueldos bajos o incluso impagos.

En 2011 para contrarrestar la imagen anti-inmigrante de Utah y la iglesia mormona, se fabricó la idea de una solución de Utah que incluía permisos de trabajo estatal. La inmigración es un asunto federal, no estatal, y los permisos carecían de fundamento legal y sólo daban falsas esperanzas.

No obstante la constitucionalidad y la honestidad, el periódico “Deseret News,” propiedad de la iglesia mormona, fue uno de los impulsores principales de la falsa narrativa de leyes migratorias estatales. El gobernador, el fiscal general y los legisladores republicanos y demócratas tampoco prestaron atención a los problemas: la política deshonesta rige en Utah.

El estado gastó millones de dólares en intentar maquillar el asunto. El resultado fue una ley “Arizona Light” y otras leyes inconstitucionales. Para evitar una derrota legal, han aplazado la implementación de algunas leyes tres veces, hasta verano de 2017. Han perdido en parte un juicio sobre “Arizona Light.”

El fracaso de las leyes de Utah se ve no sólo en la constitucionalidad sino también en la política. Casi todos los congresistas de Utah, incluso el demócrata, resistieron la reforma migratoria. La única excepción fue el senador Orrin Hatch que votó a favor de la reforma el 27 de junio de 2013.

La narrativa deshonesta de Utah es importante porque indica una hipocresía (tal vez la discriminación) clara: muchos que apoyaron medidas ilegales de Utah ahora se quejan de la acción ejecutiva, claramente legal, del presidente Obama. No opino que Obama sea un héroe en el asunto migratorio, pero con diferencia ha hecho más que los políticos de Utah que únicamente maquillan el asunto.

Durante los últimos diez años, ha habido tres posibilidades serias de una reforma migratoria. Los desafíos legales para la reforma migratoria son básicos: reparar y simplificar el sistema para los que quieren venir aquí, modernizar los mecanismos externos e internos para mejorar el cumplimiento con y el respeto hacia las leyes, y lidiar con la población de los indocumentados.

El presidente Ronald Reagan, republicano, firmó una amnistía grande en 1986, pero, desde hace tiempo, la mayoría de republicanos elegidos han estado impidiendo una reforma migratoria. Algunos se declaran a favor de cambios al sistema, pero ni entablan propuestas ni permiten votaciones.

El 20 de noviembre, expresando frustración por la inacción republicana, el presidente Obama anunció una acción ejecutiva que incluye un proceso para dar un estatus temporal a los padres de ciudadanos y residentes permanentes si pasan un chequeo de antecedentes penales y migratorios y si pueden cumplir con otros criterios como haber vivido aquí durante cinco años como mínimo.

Esta acción ejecutiva no es la primera durante esta presidencia. En 2011, la administración de Obama publicó principios para la discreción de fiscal que enfocó los recursos en los casos de alta prioridad. En 2012, la administración anunció la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). DACA se implementó el 15 de agosto de ese año y ha permitido a más de 600 mil jóvenes calificados, más de siete mil en Utah, obtener permisos de trabajo. Algunos republicanos y otros pusieron oposición a DACA y entablaron demandas, pero DACA se quedó bien fundamentado en las leyes.

En marzo de 2013, la implementación del perdón provisional ayudó a miles de familias evitar separaciones que antes duraban meses o años mientras los inmigrantes esperaron decisiones en sus casos o las apelaciones. En noviembre de 2013, permiso en su lugar­­—parecido a un permiso humanitario—para los parientes cercanos de personas sirviendo en las fuerzas armadas de Estados Unidos eliminó la separación innecesaria de familias durante el proceso de obtener la residencia permanente.

Hace poco en “Sin Rodeos”, una persona me dijo que a él no le gustaba mucho la política de Obama pero que tenía que agradecerle por el programa que había permitido a él, como miembro de la Guardia Nacional de Utah, ayudar a sus padres acceder rápidamente a la residencia permanente. Sin el programa, sus padres habrían tenido que salir durante diez años para poder gozar del estatus.

La acción ejecutiva centra en la unificación de las familias, pero no incluye a todos. El tres de septiembre de 2014, más de ciento treinta catedráticos de derecho migratorio escribieron al presidente Obama para explicar el fundamentojurídico para la acción ejecutiva. Concluyeron que la autoridad ejecutiva es amplia. A mediados de noviembre, el Departamento de Justicia avisó al presidente Obama que la acción contemplada sería legal para los padres de ciudadanos o residentes permanentes, pero no para los padres de los beneficiarios de DACA.

La reforma migratoria y la acción ejecutiva nunca serán justas para todas las personas, hay que prestar atención a los seres humanos y sus historias. Las madres que han criado y mantenido durante quince años o más niños nacidos en el extranjero no calificarán; sin embargo estarán contentas por sus niños que puedan entrar en DACA. ¿Por qué deberíamos excluir a estas madres?

Los indocumentados han estado presentes en Estados Unidos trece años como promedio. Con frecuencia, estos indocumentados trabajan duro en puestos difíciles y precarios. Sin no tienen niños, la mayoría de estos indocumentados quedarán en el limbo migratorio. ¿Por qué deberíamos excluirles?

Hace varias horas, una persona me habló sobre el caso de una mujer que no puede tener niños. Las leyes y las acciones ejecutivas están sujetas a varias restricciones e interpretaciones; no obstante, las injusticias y las incoherencias casi gritan a favor de los cambios.

La historia de la inmigración en Estados Unidos ha sido positiva. Los inmigrantes han enriquecido la economía, la cultura y la sociedad. El debate poco racional y las narrativas deshonestas no deberían presentar una amenaza a la historia. A los inmigrantes, bienvenidos a casa. Welcome home.

Inmigración: Abrir camino

Hace tiempo, una persona expresó en “Sin Rodeos”: “Los políticos son unas sinvergüenzas. No deberíamos confiar en ninguno de ellos. Tenemos que depender de nosotros mismos.”

Un político, como político: ni amigo ni enemigo. En la política actual, las amistades se cambian como los calcetines. Unicamente perduran los intereses.

Queda la pregunta: “¿Qué podemos hacer para impulsar los cambios que queremos?”

La persona que llamó contestó que tendríamos que seguir esforzándonos para avanzar. Con tiempo, el progreso llamará la atención de los políticos.

Creo que el análisis es importante. En una democracia, tenemos que elegir los líderes oficiales para tomar decisiones con respecto a la política. Pero está claro que las personas ejercen el liderazgo en otros entornos, y con más eficacia.

A estas alturas, se podría decir que los políticos necesitan a la gente mucho más que la gente necesita a los políticos. Algunos políticos han hecho berrinches sobre el presupuesto, el sistema de salud y la reforma migratoria; sin embargo, parece que van ganando más atención de los medios que apoyo de la gente: el berrinche es un espectáculo en la televisión, pero no es admirable.

En Utah, hay una tendencia de sostener el liderazgo, incluso si es incompetente. A largo plazo, sería aconsejable cambiar esa tendencia, pero a corto y a medio plazo, hay otros desafíos. Afortunadamente, la incompetencia, incluso corrupción, de algunos gobernantes de Utah no ha afectado la estabilidad.

El impulso económico importa. La reforma migratoria estimularía la economía, pero eso no ha sido un argumento suficiente para desbloquear los obstáculos de varios republicanos y demócratas, tanto dentro como fuera de Utah. No obstante, de manera individual y colectiva, podemos seguir cultivando, animando y apoyando el crecimiento de los negocios afines a nuestros intereses.

La comunicación es fundamental. Hay que fomentar conversaciones sustanciosas y sin rodeos para coordinar los esfuerzos de individuos y organizaciones a fin de conseguir el bien común. A la vez, hay que respetar la diversidad de puntos de vista y estar abierta a los compromisos en los que cada uno debería estar dispuesto a ceder un poco, o a veces mucho.

A largo plazo, la influencia de la comunidad hispana es ineludible. A corto y a medio plazo, habrá mucho juego político y económico. Algunos entrarán en esos juegos para ganar protagonismo o buscar hueso. Siempre está allí la tentación de alimentar una ambición política, un deseo de atención o una necesidad económica. No son de todos desdeñables.

Me quedo con el análisis de la persona que llamó a ‘Sin Rodeos’ y con el consejo sugerido: Abrir camino puede resultar difícil, pero no hay que confiar en los políticos o los supuestos líderes. Hay que confiar en la habilidad de uno mismo y la de la propia comunidad hispana. En el camino para avanzar, los pasos más importantes son los nuestros.

Foto de Mark Alvarez

Inmigración: El fundamento legal para la acción ejecutiva de Obama

El jueves, el presidente Obama anunciará su acción ejecutiva con respecto al sistema migratorio. La mayoría de oposición a las acciones de Obama se basa más en la política que en las leyes o los fundamentos jurídicos. Se puede ilustrar con el programa de acción diferida para los llegados en la infancia (“DACA” por sus siglas en inglés).

Algunos republicanos se quejaron de la acción ejecutiva de la administración de Obama en crear DACA. Elaboraron o apoyaron demandas. Perdieron todos esos pleitos legales. También, perdieron la elección de 2012 con su candidato de la autodeportación. Las elecciones tienen consecuencias y Barack Obama es el presidente hasta el 20 de enero de 2017.

¿Qué fundamento legal tendrá la acción ejecutiva por parte de Obama?

El 3 de septiembre de 2014, 137 profesores y académicos de derecho migratorio firmaron una carta a la Casa Blanca. La carta llevaba este título: “La autoridad ejecutiva para proteger a individuos o grupos de la deportación” (“Executive authority to protect individuals or groups from deportation” en inglés). Se puede encontrar en https://pennstatelaw.psu.edu/_file/Law-Professor-Letter.pdf

Los expertos explicaron como la discreción del fiscal, y por ende la autoridad ejecutiva, funciona dentro del sistema migratorio. Enfatizaron que el uso de la discreción del fiscal no da formalmente ni un estatus legal ni una manera independiente de acceder a la residencia permanente.

La discreción del fiscal se basa en la Constitución de los Estados Unidos y la jurisprudencia de la Corte Suprema que es el intérprete final de la Constitución y las leyes del país, Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803). Los especialistas citaron la Corte Suprema por una observación en 2012: “Una característica principal del sistema de deportaciones es la discreción amplia que ejercen los oficiales de inmigración…en decidir si tiene sentido o no deportar a alguien.” Arizona v. United States, 132 S. Ct. 2492, 2499 (2012)

La carta trazó el uso de la discreción del fiscal en casos de individuos y de grupos. Señaló que la discreción del fiscal se ha usado por razones económicas y humanitarias.

Una reforma migratoria tendría que pasar por el Congreso, la rama legislativa del gobierno encargada de promulgar las leyes. No obstante, hay un fundamento firme que permite en su momento la acción ejecutiva para usar bien los recursos limitados del gobierno federal para cumplir con sus prioridades. La acción se ha usado durante las administraciones demócratas y republicanas: Ronald Reagan, George W. Bush y Barack Obama.

Como es el ejemplo de la acción diferida para los llegados en la infancia, varios ejemplos de estatus protegido temporal, y más, hay varios antecedentes que apoyaría jurídicamente el uso de la autoridad ejecutiva por parte del presidente Obama.

La autoridad ejecutiva en el campo migratorio es amplio, pero no absoluto. Dicho eso, la oposición feroz y excesivamente política carece de sentido. Su candidato perdió en 2012 por algo. Deberían dejar esa campaña y tratar bien a la raza humana.

La ciudadanía y los inmigrantes

Los ciudadanos que cumplen con requisitos básicos tienen el derecho de votar. A pesar de tener ese derecho la mayoría de ciudadanos decidieron no participar en las elecciones del 4 de noviembre.

A nivel federal, los resultados tendrán consecuencias concretas en el Congreso número 114 que empieza el 3 de enero de 2015 conforme con la Vigésima Enmienda, Sección 2, de la Constitución de los Estados Unidos. También habrán consecuencias a nivel estatal en la legislatura y a nivel local en varios gobiernos y los distritos escolares.

Votar es un derecho, tal vez una responsabilidad. No es una obligación.

El gobierno describe la ciudadanía como “el hilo común que vincula a todos los estadounidenses. Somos una nación unida no por raza o religión, sino por los valores compartidos de libertad e igualdad.”

La narración de la página de los servicios de inmigración y ciudadanía resalta la importancia de los inmigrantes a lo largo de la historia de los Estado Unidos y el hecho de que siguen formando y definiendo el país en la actualidad. A pesar de los vaivenes de la política estadounidense, la inmigración y los inmigrantes representan una parte fundamental de la nación.

Cada persona tiene derechos y responsabilidades bajo la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Cada persona merece un trato digno bajo las leyes y los conceptos básicos de derechos humanos. La ciudadanía facilita la participación plena de las personas en la sociedad.

Los inmigrantes forman aproximadamente trece por ciento de la población de Estados Unidos. Casi la mitad de esos inmigrantes han conseguido la ciudadanía. Otros están en el camino. Los niveles actuales de inmigrantes están cerca del promedio establecido durante los últimos cien años.

Aunque la gran mayoría de ciudadanos consiguieron la ciudadanía por haber nacido en Estados Unidos, las cifras de arriba indican que la naturalización o el proceso de ciudadanía es importante. La ciudadanía supone una meta, incluso el sueño, de muchas personas.

La Solicitud de Naturalización es el N-400 en la lista de formularios del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Hay varios requisitos, entre ellos el haber tenido la residencia permanente durante cinco años, tres para los extranjeros casados con ciudadanos. El solicitante tiene que contestar varias preguntas sobre su pasado y sus intenciones en Estados Unidos.

Aunque hay excepciones (algunas tienen que ver con el servicio militar), los que solicitan la ciudadanía tienen que demostrar un conocimiento básico del inglés y de la historia y el gobierno de los Estados Unidos.  A través del portal en español de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (http://www.uscis.gov/es), cualquier persona puede obtener información sobre los procesos y la preparación para los exámenes.

La decisión de obtener la ciudadanía es personal, pero vale la pena explorar los pros y las contras de la oportunidad. Tiene consecuencias para los derechos y también para las responsabilidades.

Los americanos y los estadounidenses somos híbridos de algún grado: de razas, de historias, de tradiciones, de nacionalidades. Aquí todos contribuimos con esas mezclas, esas diversidades. Llevamos dentro las experiencias y las culturas a las que hemos estado expuestos. Con o sin el reconocimiento oficial, podemos tener orgullo en estas identidades y en como ellas enriquecen nuestras comunidades.

Inmigración: La reforma migratoria y la política

La reforma migratoria sigue siendo una cuestión de tiempo. Desafortunadamente, he sido una cuestión de tiempo durante demasiado tiempo: el senador Orrin Hatch de Utah presentó su DREAM Act en agosto de 2001 y el presidente George W. Bush habló de manera favorable al principio de septiembre del mismo año.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 tuvieron repercusiones enormes en la política, quizás sobre todo la política migratoria que se transformó en tema fundamental de la seguridad. Se quedaron frenadas iniciativas como el DREAM Act, la simplificación de los procesos y la actualización del sistema.

Durante unos años, los restriccionistas en cuanto a la política migratoria frenaron casi todos los intentos de liberalizar el sistema. En 2001 se elaboró un proyecto de ley, FREEDOM Act por sus siglas en inglés, para impulsar la reunificación de familias, la expansión económica y una organización mejor planteada y gestionada de documentos (Family Reunification, Economic Expansion, and Document Organized Management – FREEDOM). No tuvo éxito, pero las ideas de ese entonces se parecen a las que salen en los debates migratorios hoy día.

La sustancia de la reforma migratoria no ha cambiado mucho. Hay que agilizar los procesos para coordinar mejor el sistema migratorio con la economía. Las listas de espera han llegado a ser excesivamente largas en algunas categorías: más de 23 años para los filipinos esperando la residencia permanente a través de sus hermanos que son ciudadanos de Estados Unidos. La población indocumentado se estima a más de once millones de personas, y la estancia mediana de esos indocumentados son trece años.

No es difícil señalar lo básico de un proyecto de ley que actualizaría el sistema migratorio; no obstante, la fórmula política para dicha reforma se ha resultado resbaladiza. Hace ocho años, se perfilaba una reforma migratoria durante la administración de George W. Bush. Hace un año y medio, se perfilaba una reforma migratoria durante la administración de Barack Obama. Sigo creyendo que Obama dictará medidas ejecutivas amplias e importantes para aliviar el estrés de un sistema migratorio roto; sin embargo, la necesidad de una reforma migratoria seguirá en pie.

En el programa radial “Sin Rodeos”, han surgido varias sugerencias para la política. En Utah, no pertenezco a ningún partido político, y el partido Demócrata del estado me ha decepcionado muchísimo. Los participantes buscan la convivencia con los poderes fácticos en vez de impulsar una política verdaderamente favorable. Dicho eso, no tengo casi nada en común con un partido Republicano demasiado conservador y provinciana. Son mis intereses.

Las sugerencias son estas:

1. Votar o apoyar a un partido Demócrata que ha hecho más para los inmigrantes que el partido Republicano.

2. Participar en el partido Republicano, sobre todo en las primarias, para poder influir más en la conversación de un partido que puede tener en sus manos la posibilidad de permitir o seguir impidiendo una reforma migratoria.

3. Formar o fortalecer un tercer partido que puede verdaderamente apoyar una política favorable para la comunidad hispana.

4. No votar para expresar el rechazo a los políticos porque representan no más que sus propios intereses.

5. …

Hace falta una conversación sin prejuicios, sin límites y sin rodeos.

La Corte Suprema y la Constitución

Esta nota es una respuesta general a una pregunta sobre la función de la Corte Suprema,

La Corte Suprema o Tribunal Constitucional es la corte más alta del país. Existe dentro de una sistema federal. Los casos o las controversias que acepta la Corte Suprema conforme con los procesos y su autoridad suelen tocar asuntos constitucionales.

En el sistema federal, las cortes del distrito dan audiencia a la mayoría de controversias legales, tanto civiles como penales. Hay 94 distritos en el país. Después existen las cortes del circuito que son cortes de apelación. Hay 12 circuitos en el país. También existe un circuito especial para el Distrito de Columbia (Washington, D.C.). Esto tiene que ver con el hecho de que el Distrito de Columbia ni es ni pertenece a ningún estado. Las leyes del Distrito de Columbia son leyes federales.

Fundamental para el sistema político y el poder judicial es que la Corte Suprema tiene la palabra final sobre la constitucionalidad de las leyes y las prácticas en controversia. En esto, la Corte Suprema y las cortes en el sistema federal ocupan un espacio crítico para la balanza de los poderes.

Dos asuntos recientes de Utah ilustran el concepto. Hace unos meses el juez federal Waddoups frenó en gran parte la ley HB497 de Utah. Hace unas semanas, la Corte Suprema rechazó una apelación de Utah de una decisión del circuito 10 sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, Utah tenía que aceptar la decisión del circuito 10 y reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Hay muchos procesos y detalles de la Corte Suprema y las cortes federales. La base es el Tercer Artículo de la Constitución. Lo que sigue es mi traducción:

La Constitución de los Estados Unidos (1787)

Artículo III.

Sección 1.

El poder judicial de los Estados Unidos de América se investirá en una Corte Suprema, y en las cortes inferiores que el Congreso pueda, de cuando en cuando, ordenar y establecer. Los jueces, tanto de la Corte Suprema como de las cortes inferiores, continuarán en sus puestos siempre que mantengan buena conducta, y en fechas fijas, recibirán por sus servicios una compensación que no se puede disminuir durante su estancia en el puesto.

Sección 2.

El poder judicial se extenderá a todas las controversias, en derecho y en equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos, y los tratados hechos, o que serán hechos, bajo su autoridad; a todas las controversias involucrando a los embajadores, otros ministros públicos y cónsules; a todas las controversias de la jurisdicción marítima o de almirantazgo; a las controversias en las que los Estados Unidos salga como una parte; a las controversias en dos estados o más; entre un estado y los ciudadanos de otro estados; entre ciudadanos de estados distintos; entre ciudadanos de un mismo estado haciéndose propietarios de terrenos bajo cesiones de distintos estados, y entre un estado, o los ciudadanos de dicho estado, y estados, ciudadanos o súbditos extranjeros.

En todos las controversias involucrando a los embajadores, otros ministros públicos y cónsules, y los que tengan un estado como parte, la Corte Suprema tendrá la jurisdicción original. En todos las otras controversias mencionadas, la Corte Suprema tendrá la jurisdicción para apelaciones, tanto para cuestiones de derecho como para cuestiones de hecho, con tales excepciones, y bajo tales regulaciones que el Congreso pueda promulgar.

El enjuiciamiento de todos los delitos, excepto en casos de impugnación por responsabilidades oficiales, se harán con jurado; y tal enjuiciamiento se efectuará en el estado en el que dichos delitos ocurrieron; pero cuando no se ocurrieran en ningún estado, el enjuiciamiento se efectuará en el lugar o los lugares que el Congreso pueda haber designado bajo la ley.

Sección 3.

La traición en contra de los Estados Unidos, consistirá únicamente en atacar o iniciar una guerra en contra del país, o en juntarse con los enemigos, para darles ayuda y protección. A ninguna persona se condenará por la traición a no ser que haya testimonio de dos testigos sobre el mismo acto manifiesto, o bajo confesión en una audiencia pública de una corte.

El Congreso tendrá la autoridad de definir el castigo de la traición, pero ninguna condena por la traición tendrá efecto por linaje o herencia, o incautación de bienes excepto durante la vida de la persona castigada.

La Enmienda 11. (1795)

El poder judicial de Estados Unidos no se construirá para extenderse a cualquier controversia en derecho o equidad comenzada o fiscalizada en contra de una de los Estados Unidos por ciudadanos de otro estado o por ciudadanos o súbditos de cualquier estado extranjero.